La Cámara de Diputados convirtió este miércoles por la tarde en ley por 144 votos contra 6, y 31 abstenciones el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, con sanciones que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas por el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.