Puerto Rico ..-

SAN JUAN, Puerto Rico — Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.

Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro, Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde hace dos años ha ido en picada.

“El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.

Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.

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