A punto de cumplir los dos años de prisión preventiva -el plazo máximo que establece la ley, aunque puede prorrogarse- el empresario K Lázaro Báez lanzó un contragolpe: le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que lo excarcele, y también que aparte al fiscal que acusará en el juicio porque cree que responde al kirchnerismo y trabajará para “recortar el objeto procesal excluyendo a los funcionarios públicos nacionales”, en obvia alusión a Cristina y su gabinete.

Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello el 5 de abril del 2016, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. ¿El argumento? La nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. Medio pobre, a la luz de las últimas excarcelaciones firmadas en la justicia. Claro: dos semanas antes, el país había quedado mudo ante el video del hijo y los colaboradores de Báez contando 5 millones de dólares entre whiskys y habanos en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.