Desconfianza ..-

Argentina funciona en base a un gran acuerdo nacional. Hay que castigar a la provincia de Buenos Aires, la más grande del país en términos territoriales, la que genera más recursos, la que tiene más puertos, donde vive más población que en cualquier otra parte de la Argentina, y beneficiar al resto. Sobre todo a las provincias con menor capacidad de atraer inversiones, menos población y con mayores dificultades de conectarse al mundo para vender sus productos.

Ese consenso tiene razones históricas. Después de las luchas internas que dominaron la primera mitad del siglo XIX, Justo José de Urquiza dio un paso al costado en 1861 para que Bartolomé Mitre se convirtiera en presidente de la República, a cambio de aceptar una Constitución Nacional federal. A partir de entonces, las provincias esmerilan año a año a la poderosa Buenos Aires. Tanto, que Mitre fue el último gobernador bonaerense que llegó a la Presidencia.

Las últimas décadas fueron nefastas para la provincia de Buenos Aires en términos presupuestarios. Como lo demuestra académicos de las más diversas tendencias, desde la década del 70 se consolida la inequidad distributiva sobre las arcas bonaerenses, en un proceso que alcanzó el summum con los gobiernos de los Kirchner, que redujeron sus recursos provenientes de la coparticipación federal hasta el 18.7%, a pesar de que aporte llegaba en el 2015 a 38% del total nacional.

Que en el conurbano haya 952 barrios populares y asentamientos, según los datos publicados a principios de 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social, no tiene que asombrar entonces. Con 13 millones de habitantes y un déficit estructural de recursos e infraestuctura, los 24 municipios del Gran Buenos Aires no tienen ninguna posibilidad de realizar una política sostenible para sacar a más de 6 millones de personas de la pobreza en la que viven ya tres generaciones de familias que solo pueden acceder a las migajas de la solidaridad activa de iglesias de distintos credos, movimientos sociales y organizaciones civiles que hacen lo que pueden. El Estado que, aunque se declame lo contrario, está ausente