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Es la causa que atraviesa la grieta. A seis años y medio del inicio del caso que intenta develar si el grupo Odebrecht y sus socias locales pagaron coimas a ex funcionarios kirchneristas para obtener la licitación por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el fiscal federal Franco Picardi pidió avanzar con los procesamientos de todos los implicados, revelaron a Infobae fuentes judiciales. En la lista figuran desde el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López o los ex ministros Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
Es que Picardi presentó un escrito luego de que, tal como reveló este medio, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenara realizar un peritaje contable que permitiera establecer cuánto fue el eventual daño patrimonial al Estado. Lo hizo a pedido de la defensa de Calcaterra, que planteó que si la hipótesis de la causa es que existieron pagos de sobornos por parte del grupo Odebrecht y sus socias locales a funcionarios públicos para obtener la licitación había que corroborarlo a través de un peritaje.
“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas -sostuvo Picardi en su presentación-. Conforme a la hipótesis propiciada por la Fiscalía, la estructura de corrupción estudiada se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que ha incluido un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal y empresarios, sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar provechos económicos resultantes”.
Picardi insistió en que “los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”. Por eso, dijo, “el estado actual del expediente y la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas, de conformidad con lo valorado y requerido por este Ministerio Público Fiscal”.
El caso se abrió en 2016, cuando en toda la región se ponía la lupa sobre los negocios de Odebrecht, luego de que el gigante brasileño admitiera prácticas de sobornos para pagar licitaciones. En Argentina, uno de los negocios fue la obra del soterramiento del corredor ferroviario de la línea Sarmiento, en donde ganó la UTE (unión transitoria de empresas) conformada por las firmas IECSA S.A. – Constructora Norberto Odebrecht S.A. – Ghella S.p.A.- Comsa S.A.
