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El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
“Quedaron un montón de medidas probatorias por realizar y el ámbito para desarrollarlas es el marco del proceso”, sostuvo el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, al explicar por qué apeló la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar gran parte del expediente en el que se investigaba si existió un “vacunatorio vip” organizado desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Para Rodríguez, la decisión de la magistrada “es cuanto menos prematura”, y “cierra casi en forma definitiva un gran tramo de la investigación por no decir casi toda, al considerar que la conducta investigada no es delito, a lo sumo, una falta vinculada a la ética o la moral”.
Según el titular de la fiscalía especializada en casos de corrupción de funcionarios públicos, “la causa no estaba aún para ser cerrada” y “de quedar firme esta resolución de archivo, luego no podría ser revertida”.
En declaraciones radiales al programa “Código F” de radio Continental, Rodríguez aseveró que “hay que investigar fundamentalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos que tomaron la decisión de saltar el orden de prelación que la propia normativa del Ministerio de Salud había previsto”.
Tal como publicó Infobae, la apelación de Rodríguez implica que sea ahora la Cámara Federal la que revise la decisión que tomó Capuchetti la semana pasada.
“Había un grupo poblacional que fue prioritario y dentro de ese grupo había algunos segmentos con un orden de prelación. Hubo algún tipo de actividad que la jueza calificó que era discrecional del Estado y para nosotros no fue discrecional, sino que estaba vedada”.
Al momento en que se conoció el escándalo del “vacunatorio vip”, que consistió en la vacunación de funcionarios, familiares, dirigentes y personas cercanas al Gobierno entre diciembre y febrero de este año, la prioridad para la vacunación era el personal de salud.
Entre los “vacunados vip” estaban desde el presidente Alberto Fernández y sus asesores cercanos hasta el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa, el ex ministro de Salud Ginés González García y colaboradores suyos; el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda Chiche González y sus dos hijas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y empleados de su cartera; el canciller, Felipe Solá; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; los diputados oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés; y el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias y tres familiares suyos.
Todos ellos fueron vacunados con dosis provistas por el Hospital Alejandro Posadas que depende del Estado nacional, y en su mayoría asentados en el registro como “personal de salud”.
En la causa siguen imputados González García; el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.
