Enterate Fuerza De Dios Tu Radio Amiga!
Está condenado a 12 años de cárcel por tráfico de drogas. Tras ingresar en el Programa de Protección de Testigos, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y ahora logró fugarse.
Raúl Kollmann
Por Raúl Kollmann
26 de febrero de 2023 – 00:34
Dijo que tenía hemorroides y se escapó. Federico “Morenita” Marín estuvo prófugo en Paraguay, Tucumán, luego en Corrientes, y se mantuvo escondido tres años, buscado por la justicia. Se tiroteó con policías y terminó entregándose después de una larga negociación. Fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas, en otra causa a ocho años y tiene todavía juicios pendientes. Cuando lo detuvieron, en 2018, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que era “el narco más buscado del país”. Y el fiscal antidrogas, Diego Iglesias -señalado como la voz en la Argentina de la más cuestionada agencia norteamericana, la DEA-, coincidió con la ahora candidata presidencial del PRO. Sin embargo, pese a ser jefe narco, a tener más de 20 años de condenas, de haber sido prófugo, fue aceptado como arrepentido por el propio Iglesias, tras una negociación que nunca se filmó -como ocurrió con otros arrepentidos en la causa Cuadernos o con Alejandro Vandenbroele en el expediente Ciccone- y Morenita empezó a recibir beneficios. El más sorprendente fue que el fiscal antidrogas dictaminó a favor de otorgarle prisión domiciliaria. El miércoles, con la excusa de ir a tratarse las hemorroides, Morenita desapareció. Nuevamente quedó expuesto el negocio de los arrepentidos.
Tratativas oscuras, oscurísimas
El artículo 6 de la Ley del Arrepentido lo dice clarísimo: “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. O sea, debe grabarse, filmarse. ¿Para qué? Justamente para que la ya cuestionable negociación con un delincuente sea transparente. No se le den beneficios que no están escritos y que sean legales.
Pero, además, lo que resulta imprescindible es que el arrepentido entregue un escalón superior de la banda, algo que no cabe en el caso de Morenita, que -según Bullrich y el fiscal Iglesias- era el jefe de la organización que proveía drogas a Tucumán, Córdoba, Mendoza, Chaco, Santa Fé y la Villa Zabaleta en la Ciudad de Buenos Aires. La operación para atrapar a la banda se llamó Sapucay.
¿A cambio de qué lo aceptaron a Morenita como arrepentido? A cambio de declarar en contra de un juez de Itatí y dos secretarios, que están siendo juzgados en este momento. O sea, la maniobra consistía en quedarse con un juzgado considerado de importancia para Estados Unidos porque queda sobre el Río Paraná, frente a Paraguay, en una zona sobre la que más de una vez Washington presionó para tener una base militar-policial.
Lo insólito es que Morenita Marín, que declaró contra el juez y los secretarios ante los fiscales, no concurrió al juicio, algo que lo invalida como arrepentido, porque no quiso exponerse a las preguntas de los abogados defensores del juez Carlos Soto Dávila y dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. Por esa razón -no declarar en el juicio- debió anularse la domiciliaria, pero nada rompió el pacto oscuro, oscurísimo, sellado entre los fiscales y el arrepentido.
