En la Argentina hay una serie de temas que son motivo de discusión incesante cuando no deberían serlo. Uno de ellos son los famosos fueros, de los que tanto se habla cuando ciertos personajes de la vida pública quieren estirar a niveles irrisorios su tiempo en el Estado para no responder ante la ley por sus delitos. Pasó con Menem y pasa también con Cristina.
Como todo el mundo sabe, la vicepresidente está procesada por varios delitos graves. Su cruzada contra el Poder Judicial y la Corte Suprema no son otra cosa que sus intentos para preservar la impunidad, aunque no siempre le salgan bien: en estos días la Corte rechazó sus razones para frenar la causa de Vialidad, vinculada a la concentración de obras públicas a manos de empresarios amigos del kirchnerismo.
Como todo el mundo sabe, la vicepresidenta está procesada por varios delitos graves. Su cruzada contra el Poder Judicial y la Corte Suprema no son otra cosa que sus intentos para preservar la impunidad, aunque no siempre le salgan bien: en estos días la Corte rechazó sus razones para frenar la causa de Vialidad, vinculada a la concentración de obras públicas a manos de empresarios amigos del kirchnerismo.
El tema de los fueros, que en la Constitución es muy sencillo y claro, se ha complejizado innecesariamente, a grandes rasgos, por dos razones: en primer lugar por la Ley de Fueros 25.320, sancionada en el año 2000 a causa del escándalo de las coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y en segundo lugar por la conversación pública donde dirigentes políticos y periodistas militantes tergiversan muchas cosas con finalidades claramente políticas. A este punto, no sólo hay poca comprensión de la ciudadanía sobre qué se puede y que no se puede hacer en materia de derecho procesual con legisladores y funcionarios, sino –más grave aún- discrepancia y ambigüedades entre actores de la justicia que son los que llevan la normativa a su implementación.
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