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Además, sostuvieron que “la postergada necesidad de tomar algún curso de acción respecto de la imputación efectuada sobre Alejandra Gils Carbó -sin afectar las definiciones sobre los casos de Carlos Gonella y Omar Orsi- también amerita encomendar la activación de la instrucción en relación a ello”.
Por otra parte, a principios de año, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento del fiscal Gonella por considerar que cometió un abuso de sus funciones, por haber denunciado a una magistrada cuando intervenía en una investigación al detenido empresario Lázaro Báez.
La Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, ratificó la medida dictada en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio.
Gonella denunció a la jueza en lo criminal María Gabriela Lanz por lavado de activos, cuando la magistrada, a pedido del fiscal José Campagnoli, ordenó la indagatoria de Báez por el presunto delito de extorsión.
Gonella fue designado en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) durante la gestión de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien dejó el cargo luego del cambio de gobierno que se produjo en diciembre de 2015.
La Sala II de la Cámara resaltó como Gonella difundió su denuncia contra Lanz, quien fue sobreseída en esa causa y tampoco prosperó el enjuiciamiento que se le promovió a Campagnoli en la Procuración General de la Nación.
Irurzun y Bruglia evaluaron la actuación de Gonella en esa causa y mencionaron otras por las que el fiscal fue denunciado por tratar de beneficiar a Báez, al evitar formular requerimientos en contra del empresario, en el sumario conocido como ?la ruta del dinero K?.
Para los camaristas determinadas ?circunstancias? evidencian la existencia de sospechas serias en cuanto a la creación de la fiscalía que ocupaba, a su nombramiento y a la intervención que tuvo en pos de favorecer a Lázaro Báez en investigaciones en su contra.
