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El proyecto fue elaborado y presentado en forma conjunta por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura. La iniciativa, que ha sido debatida con las cámaras del sector y acordada con todos los bloques parlamentarios, eleva considerablemente las sanciones a quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas.
En nuestro país, el flagelo de la pesca ilegal se da principalmente por buques extranjeros que ingresan furtivamente desde la llamada milla 201 a nuestra Zona Económica Exclusiva y por aquellos buques que pescan sin permiso de la Argentina, de manera ilegal, en el área de Malvinas. Es por ello que el proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, ser un disuasivo que permita colaborar en la conservación y el manejo eficiente de las poblaciones ícticas. Por otro, afianzar la soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur y sobre los recursos naturales que pertenecen a 45 millones de argentinos/as.
El proyecto propone actualizar multas a la pesca ilegal que habían sido fijadas en el año 1998, en épocas de la convertibilidad. Estas multas, estipuladas en pesos, después de 20 años resultan irrisorias. Sólo a título de ejemplo, actualmente la multa máxima (que en su momento equivalía a 10 millones de dólares) es de 10 millones de pesos, es decir, algo menos de 150 mil dólares. Como se puede observar, se fue produciendo una diferencia abismal con los montos de las penas del régimen sancionatorio oportunamente aprobado. Es por ello que quedó desdibujado respecto de su espíritu de desalentar las prácticas ilícitas.
Los números dejan en claro la necesidad de adecuar y generar un régimen de multas que sea efectivo a largo plazo. El proyecto de ley otorga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación herramientas normativas dinámicas para combatir la pesca ilegal e incorpora un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al costo del combustible, con montos equivalentes que van de los 500 mil litros a los 3 millones de litros de gasoil, de acuerdo a la gravedad del delito. Esto equivale a un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos, considerando los valores de mercado actuales.
En el caso de embarcaciones extranjeras, la penalidad aplicable es la más alta ya que se trata de buques que pescan sin permiso de la Argentina. Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación puede disponer la captura y retención del buque de bandera extranjera en puerto hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta. A diferencia del sistema actual, el infractor tendrá que hacerse cargo de la totalidad de los gastos en los que incurra el Estado Nacional en función de su captura, sin límite de tipo de gasto ni de monto. Estamos hablando de costos que son muy altos, ya que se trata de persecuciones con buques de la Prefectura y de la Armada que a veces también requieren el despliegue de aviones.
