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La cascada de excusas, chicanas y triquiñuelas con que varios referentes del Senado intentaron tapiar el despertar judicial -que desde 2016 multiplicó los procesamientos, juicios y pedidos de desafuero de ex funcionarios kirchneristas- exhibió este martes su resultado más crudo: una sociedad soliviantada por la epidemia de impunidad ante los sucesivos casos de corrupción desde la cima del Estado, cuya increíble y vasta estructura quedó al desnudo con el caso de los cuadernos.
Impermeables a cualquier señal desde los tribunales, los senadores enmudecieron ante el grito de la calle, que llegó hasta su casa a través de la garganta de cientos de miles de personas. Y más allá del big bang de consecuencias políticas que tendrá la marcha del martes, los enfrenta a un desafío inmediato: tras la autorización a los allanamientos a Cristina, el seguro procesamiento de la ex Presidenta podría llegar con un pedido de desafuero para su posterior detención.
Tres empresarios se suman como arrepentidos en la causa de los bolsos
La confirmación de las prisiones de ex funcionarios y un par de empresarios que no optaron por confesar coimas, que la Cámara Federal firmó este miércoles, fue justificada por la necesidad imperiosa de salvaguardar pruebas y facilitar una investigación que es veloz, pero también muy compleja. Si jugadores menores como Walter Fagyas (ex Presidente de Enarsa), Nelson Lazarte (ex secretario privado de Roberto Baratta), Fabián García Ramón (ex asesor del ministerio de Planificación) o Hernán Gómez (ex secretario de Baratta) deben permanecer en la cárcel ante el riesgo de que puedan entorpecer las pesquisas, ¿qué podría decirse de Cristina?
La noticia es que aún ante ese muy probable escenario no habría sorpresas: los senadores ya tienen sobre sus escritorios un pedido de desafuero de la viuda de Néstor Kirchner, reclamado por el mismo juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del pacto con Irán. Esa pregunta permanece sin respuesta desde el 7 de diciembre. Como el pedido tiene un plazo de 180 días para tratarse, tras varias negociaciones el 5 de junio pasado los legisladores de Cambiemos y el PJ acordaron que se contarían los “días hábiles”, y que entonces el desafuero se trataría en septiembre. Claro, todavía no se habían conocido los cuadernos del chofer Centeno.
El reclamo popular de esta semana, cuya meta central es el desafuero de Cristina y la votación de la ley de extinción de dominio que permita “recuperar lo robado”, encontró a los senadores con el paso cambiado. Más entregados a la rosca y la especulación que sensibles a la conversión de esa “honorable” Cámara en un “aguantadero de chorros”, según la implacable interpretación pública.
