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Ya en noviembre pasado, en el interín entre el triunfo en la elección y su desembarco como presidenta del Senado, Cristina Kirchner realizó su primera jugada clave para garantizarse el futuro control en la designación de jueces: hizo saber que de las 27 comisiones permanentes que tiene la Cámara alta, todas salvo la de Acuerdos, podían distribuirse entre los diferentes sectores que conforman el bloque del Frente de Todos. Fue la única que, en aquel momento, sacó del bolillero.

En esa comisión, encargada de dictaminar sobre los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de jueces, la designada fue Anabel Fernández Sagasti, integrante de La Cámpora ​y por quien la ex presidenta siente una debilidad. Es más: la mendocina también se quedó con la vicepresidencia de la bancada del Frente de Todos.