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Transitando la etapa final del juicio oral y público por la compra de la ex calcográfica Ciccone, Amado Boudou sumó un nuevo procesamiento. Es en la causa donde ya fue acusado de peculado por la rendición de gastos de representación con facturas apócrifas cuando era ministro de Economía, en esta oportunidad tras una nueva indagatoria el juez federal Ariel Lijo decidió ampliar el procesamiento por peculado en contra del ex vice.
Con un juicio oral en instancia de alegatos, Boudou está acusado de rendir gastos “con facturas apócrifas y con falsedad de los montos por gastos eventuales consignados, los cuales justificaron con comprobantes falsificados presentados en la rendición de gastos de los expedientes referidos”.
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La nueva información incorporada a la causa fue sobre la traductora Ana Ruth Juárez, quien ante la consulta del juez Lijo había señalado que el monto de la factura presentada en Economía por 3.050 euros no era verdadero. “Los servicios de traductorado se cobran entre 600 a 1.000 euros” como máximo, indicó. Si bien reconoció haber realizado parte de la tarea que se le atribuye en febrero de 2011 en el marco del G-20, señaló que ella “nunca” cobró dicho monto.
La intérprete participó de la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en París, y según el Ministerio de Economía cobró dichos servicios por 3.050 euros, “la cual fue desconocida por la mencionada intérprete”.
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“La factura falsificada quedó registrada como comprobante Nro. 3 en el mencionado expediente administrativo”, señaló Lijo que realizó una ampliación de indagatoria a Boudou.
En este ampliación de la acusación contra el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, el juez Lijo detectó nuevas facturas de rendimientos de gastos cuestionados: unos 23.800 euros en facturas de traducción y alojamiento en París entre 2010 y 2011.
Así, en la resolución de 78 páginas a la que accedió Clarín, Lijo sostuvo que Boudou y Guido Forcieri (su ex jefe de gabinete) y Cachi Romano (secretario privado), “tenían a su cargo la administración de los montos asignados por gastos eventuales”. Y aunque el ex vice se desligó diciendo que “ningún ministro se encarga de tareas administrativas (…), él era la autoridad de mayor jerarquía y tenia a su cargo la administración de los fondos asignados”.
