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El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López tendrán que enfrentar un nuevo juicio juntos. Esta vez es por es el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción de la era kirchnerista, que estuvo al borde de quedar en la nada cuando se anuló una grabación clave. Los delitos son cohecho y administración fraudulenta. Los sobornos que se habrían pagado rondaron los 14 millones de pesos.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy cerrar la investigación y elevar el caso a un tribunal oral para que debata los hechos en juicio. Hubo planteos de prescripción por la cantidad de años que pasaron. Pero en el fallo al que accedió Infobae el magistrado hizo hincapié en que “en el caso se encuentra acreditado que Julio De Vido se desempeñó en el cargo electo de Diputado Nacional”, hasta hace dos años, por lo que los plazos de prescripción no corren ni para él ni para el resto de los involucrados.
Los acusados son De Vido y López –que ya comparten el banquillo de los acusados, con la causa de la obra pública en donde está acusada Cristina Kirchner–. Ambos ex funcionarios también están procesados en la causa de los cuadernos, en donde el ex secretario de Obras Públicas –ya condenado por enriquecimiento ilícito por los bolsos en el convento– decidió convertirse en “imputado-colaborador”.
Además de De Vido y López, en la causa Skanska fueron mandados a juicio otra treintena de acusados, entre otros, Nelson Ulloa, el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación; y Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la firma que había reconocido en una auditoría interna el pago de sobornos a funcionarios.
Las defensas habían planteado que no hubo delito y también criticaron las pruebas valoradas por el fiscal Carlos Stornelli a cargo de la investigación. “Se advierte que en el dictamen presentado por el fiscal Stornelli se han expuesto los hechos y las razones, basado en un análisis de la prueba y cumpliendo con los parámetros exigidos que lo llevaron a concluir que el expediente debía pasar a la siguiente etapa. El Tribunal no observa deficiencias de fundamentación ni estructurales en la imputación. Los elementos de prueba enumerados y la individualización clara y precisa de los procedimientos irregulares que se evidenciaron en los expedientes de contratación descartan esa pretensión de las defensas. A ello se agrega la circunstancia de haberse explicado pormenorizadamente cuáles fueron las conductas que se reprochan a cada imputado”, resaltó el juez en su escrito.
La causa comenzó en 2006 por la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, implementado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En diciembre de 2010, el entonces juez Norberto Oyarbide dictó decenas de procesamientos por cohecho y defraudación contra la administración pública. Casi un año después la Cámara Federal dispuso la confirmación de algunos procesamientos, faltas de méritos para otros y que el tema pasara al fuero tributario
