Kicillof, es o se hace ? ..-

El 20 de octubre del 2010, la sociedad argentina fue sacudida por el asesinato de Mariano Ferreyra, un militante del Partido Obrero que manifestaba contra la tercerización de los trabajadores en el ámbito ferroviario. Esa noche, el programa oficialista 678 sugirió que el ex presidente Eduardo Duhalde, un adversario político del Gobierno, era el responsable de esa muerte porque días antes, al parecer, se había reunido con José Pedraza, el líder del sindicato oficialista Unión Ferroviaria. El invitado más relevante de ese día, en 678, era Oscar Parrilli, por entonces secretario general de la Presidencia, y hombre de confianza de Cristina Kirchner. Duhalde no tenía nada que ver con esa muerte. Aquella acusación, sin ninguna prueba, reflejaba una manera de concebir la política, y tal vez también la vida: ante un hecho estremecedor, lo importante no era la verdad sino revolearle un muerto a un opositor. No importaba que fuera mentira. Algo queda.

Muchos años después, el martes pasado, la escena se repitió casi calcada. La sociedad argentina estaba conmovida por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido el lunes por la madrugada en Virrey del Pino. La conmoción por ese hecho se potenció porque un rato después los choferes de colectivos de la zona Oeste decretaron un paro, y cortaron algunos de los accesos a la Capital. Al mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apareció en el lugar donde manifestaban los choferes y fue trompeado por algunos de los afectados. Su rostro ensangrentado agregó más drama al que ya existía. Por la noche, Berni empezó a difundir, en un canal oficialista, que se trataba de un complot y no de un hecho de inseguridad. Al día siguiente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le puso nombre y apellido al supuesto complot: sugirió que detrás de la muerte de Barrientos estaba Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.Con el correr de las horas, Kicillof no pudo presentar ninguna prueba sobre la responsabilidad de Bullrich en ese asesinato, pero tampoco pidió disculpas. Algo queda. Para colmo, en pocas horas distintos testigos presenciales desmintieron la versión del complot que habían defendido él mismo y su ministro Berni. Nadie vio los dos autos que cruzaron al colectivo, como dijo el gobernador. Todos contaron que no solo se llevaron una mochila sino también los celulares de algunos pasajeros. La más precisa fue la mujer del policía de la Ciudad que se tiroteó con los delincuentes: “Esto pasa todo el tiempo. Como en el barrio hay un búnker donde se vende droga, aparecen delincuentes para robarnos los celulares y luego van y los cambian para consumir. La Policía Bonaerense sabe dónde queda ese búnker pero no hace nada porque es cómplice”.

Berni fue agredido por los compañeros del colectivero asesinado

Los efectos del asesinato de Barrientos invadieron Semana Santa con imágenes de otros tiempos. En la madrugada del jueves un grupo de elite de la Bonaerense entró en la casa de los choferes que, supuestamente, habían golpeado a Berni: los tiró al piso, los encañonó, les rompió la puerta de sus casas, todo eso frente a los hijos de los acusados. El impacto de las imágenes fue tal que incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner, jefa política y protectora de Berni, tomó distancia del operativo. El repudio de Kirchner apenas se limitó a un tuit porque para ella, siempre, Berni fue de los funcionarios que sí funcionan.

El viernes, al parecer, Kicillof y Berni cambiaron de enfoque y pusieron a su comando de elite a “cachear” a pasajeros de colectivos al azar. No hay registros de que, en épocas democráticas, alguna fuerza policial haya hecho semejante cosa. A Berni no se le puede acusar de no haber avisado: hace pocas semanas se proclamó admirador de Nayib Bukele. Las imágenes de policías entrando en la noche en la casa de dirigentes sindicales y los operativos en los que se baja de los colectivos a personas que no cometieron delitos coquetean con las ideas que defiende el presidente de El Salvador.

Lo ocurrido en estos días debería abrir un profundo debate acerca de qué sucedió con la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires desde la asunción de Kicillof como gobernador y de Berni como encargado del área, porque hay demasiados episodios inquietantes. Berni ha tenido encontronazos públicos con personas muy diferentes, con las que debía haber trabajado si su objetivo era la seguridad. Semanas después de asumir el cargo calificó como una “inútil” a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Luego se fue a las manos con el segundo de Fredrick, Eduardo Villalba porque no quería que este participara de una conferencia de prensa. Berni ninguneó al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con quien no coordina desde hace muchos meses. Berni fue, además, uno de los partícipes más desenfadados y bravucones en el proceso de desestabilización contra el presidente Alberto Fernández: lo trató de borracho (“el que trajo al borracho que se lo lleve”), de ser peor que un muerto político porque “los muertos al menos no molestan” y de haber “entregado a su propia mujer”. En un Gobierno normal, no hubiera sobrevivido. En este, tal vez por miedo a la Vicepresidenta, casi nadie se animó a cruzarlo.

Mientras todo esto ocurría, en la provincia pasaban cosas extrañas. Cada vez que una familia denunciaba el asesinato de uno de sus miembros por parte de la policía bonaerense, Berni inmediatamente, mucho antes de que se expresara la Justicia, desacreditaba esa versión: ocurrió, por ejemplo, con la desaparición de Facundo Astudillo Castro y con las muertes en sede policial de Daiana Abregú y de Alejandro Martínez en San Clemente. Berni defendió también al policía que baleó al músico Chano Carpentier y a los policías que tirotearon y dejaron en terapia intensiva a Tomas Krueger, un chico de 19 años que no había hecho nada. La doctrina Berni respecto de estos episodios es clarísima: a priori, haga lo que haga, la policía siempre tiene razón. Lo mismo ocurrió esta semana cuando se conocieron los detalles de la detención de los choferes.