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El oficialismo soñaba como todos con la tercera Copa. Sueño y cálculo. Un cambio de humor social que, en su imaginario, debería unir linealmente el Mundial, las fiestas de fin de año y las vacaciones. Otro clima para discutir candidaturas y estrategia electoral con mejores perspectivas. El oficialismo se encargó de exponer batallas domésticas y grietas en pleno festejo. Notable daño propio, pero en rápido segundo plano frente a la decisión, grave, de escalar en la pelea con la Corte Suprema, al borde del abismo institucional. En ese encierro, ya no se trata sólo del núcleo del discurso. La prueba, aún abierta, es en el caso de la poda de recursos a la gestión porteña: marcará bastante más que el verano.
Sobresalen en estas horas dos especulaciones que se entrecruzan. La primera tiene que ver con los tiempos judiciales, aunque breves en esta oportunidad, suficientes para dilatar el momento crucial hasta después de enero. Y la segunda es qué hará efectivamente el Gobierno -el Presidente y de allí para abajo, todos los involucrados en la cadena de decisión- si la Corte, como se supone, rechaza los planteos del Ejecutivo y no deja margen para eludir la ejecución de sus decisiones. Se trata de un mayor giro de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a los tiempos, se espera que el lunes o en los pocos otros días que quedan hasta fin de año muevan sus fichas Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El Presidente, con presión y respaldo de gobernadores peronistas y aliados -algo menos de lo esperado-, anticipó que recusará a los cuatro jueces de la Corte y planteará una revocatoria “in extremis” de la resolución del tribunal. El jefe de Gobierno porteño anticipó que reclamará por la efectivización de la respuesta al amparo, es decir, la concreción diaria del mayor flujo de fondos coparticipables.
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Los dos recursos del Ejecutivo, según estiman en medios judiciales, serían rechazados por falta de sustento jurídico, pero luego de cumplir los pasos de rigor con las dos partes. El tema es que después habría un tiempo de descanso por la feria judicial. Se verá. Y el punto volverá a ser el de inicio: ¿sostendrá el Presidente el desconocimiento de la decisión de la Corte?
Se trata de un tema que lo coloca en el primer nivel de responsabilidad, como cabeza del Ejecutivo, pero no en soledad, en términos prácticos. Si la Corte finalmente ordena aplicar sin alternativas su resolución, el desacato se transformaría en una decisión escalón por escalón, es decir, desde el Presidente para abajo, incluyendo a Economía, la AFIP, el Banco Nación. Ese sería un dato, central, si la cuerda se tensa al máximo.
Alberto Fernández tuvo registro del cuadro interno apenas conocida la decisión de la Corte. Jorge Capitanich, antes incluso que Axel Kicillof, reclamó y de manera pública que Olivos no acatara la medida, que no significa el pronunciamiento de fondo aunque pueda sugerirlo. El Presidente resolvió entonces convocar a los gobernadores para sostener la respuesta. Fueron los jefes de catorce provincias y entre ellas no se contaron Santa Fe ni Córdoba. Omar Perotti mantiene juego propio y Juan Schiaretti no está alineado con el Gobierno y busca un perfil nacional.
