El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y destacados magistrados participaron de una nueva edición del ciclo de conferencias “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, transmitida en vivo por Infobae. En esta ocasión abordaron el trabajo del Poder Judicial en torno a los juicios por crímenes de lesa humanidad, desde el emblemático Juicio a las Juntas, la anulación por la Corte de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las megacausas ESMA, Primer Cuerpo de Ejercito Operativo Independencia (en Tucumán).
El primer orador fue Andrés Basso, juez del Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal. En su exposición titulada “El rol de la justicia argentina en los procesos de lesa humanidad. Contextos históricos”, Basso analizó el juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia argentina y el rol que tuvo el Poder Judicial en cada contexto histórico. Al respecto señaló tres etapas fundamentales en la justicia argentina. La primera con el regreso a la democracia, con una clara determinación para que se investigue y se sancione a los hechos cometidos durante la última dictadura militar; “tuvo un período de juzgamiento breve por la influencia de sectores con poder residual enorme” y se cerró con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Un segundo período estuvo signado por estas leyes en tanto obstáculo normativo para la continuación de los juicios. “Mientras se daba este retroceso – sostuvo Basso – a nivel regional se produjo un movimiento que generó fallos en la materia y finalmente se generó un ámbito que le permitió a la Justicia poder dar una respuesta: los juicios por la verdad”.
La tercera y actual etapa, según el juez, se lleva a cabo desde hace más de una década. “La Corte lideró esta nueva etapa, género este escenario que hoy tenemos”, sostuvo en ese sentido. En este contexto, “el Congreso de la Nación había anulado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se dio una confluencia entre los tres poderes de Estado que permitió en la práctica la reanudación y el avance de todos los expedientes que se encontraban paralizados”. Finalmente, Basso afirmó que “el Poder Judicial estuvo a la altura, porque con gran compromiso y vocación democrática pudo cumplir con su función de llevar adelante estos procesos. En una justicia tan vapuleada quiero destacar que el proceso coherente y profesional que ha realizado el Poder Judicial es tomado como ejemplo por toda la comunidad jurídica internacional”, enfatizó en ese sentido.
Juez Fernando Poviña
Juez Fernando Poviña
Respecto de la disertación de Basso, Ricardo Lorenzetti agregó que para consolidar un fuerte diseño institucional que permita el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue también muy significativo el rol de jueces y juezas en la materia. “Argentina tiene un gran prestigio internacional en materia de derechos humanos gracias a esta labor de jueces y juezas”, aseguró el ministro de la Corte.
Seguidamente fue el turno de Fernando Poviña, juez titular del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, quien expuso sobre “cuestiones relevantes en asuntos de lesa humanidad: las causas complejas, los aportes civiles, la búsqueda de las víctimas”. Poviña inició su disertación destacando que “nuestro país es pionero y modelo en el manejo y resolución de causas de lesa humanidad durante las dos últimas décadas, una vez clausurada la etapa de impunidad gracias a los fallos de nuestra Corte que removieron los obstáculos para lograr el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad acaecidos en la última dictadura militar”. Y agregó: “este recorrido de la Justicia argentina tiene puntos sobresalientes, como es el abordaje de los procesos complejos y de la estructura de poder, y la enorme cantidad de víctimas e imputados en reconstrucciones fácticas realmente difíciles y complejas desde el punto de vista probatorio y por el paso del tiempo”. Sin embargo, explicó Poviña, estas dificultades “no lograron frenar el avance procesal de las causas, así como el descubrimiento de los hechos investigados y la responsabilidad penal de sus perpetradores”. Asimismo sostuvo que “el derecho irrestricto de dar con los restos de las víctimas asumido ante sus deudos y la sociedad toda es otro hito que hace al compromiso y la dedicación de la Justicia argentina que debe ser resaltado”.
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