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La Cámara Federal confirmó este viernes los procesamientos del ex secretario de Planificación Roberto Baratta y de un grupo de empresarios, en un fallo en donde se ratificó que las pruebas en la llamada “causa cuadernos”, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas, no solo se sustentan en las anotaciones del remisero Oscar Centeno sino también en otras pruebas y en las confesiones que hicieron los arrepentidos.
Si bien la causa principal ya se encuentra en juicio oral, hay algunos hechos puntuales que todavía no fueron elevados y están siendo investigados. En ese contexto, el tribunal señaló que en estos casos que continúan en la etapa de instrucción “aún quedaría definir la posible responsabilidad de otros/as coimputados/as en relación a algunos de los sucesos”. Entre ellos aparece la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es que el fallo analizó las coimas que entregaron empresarios y, por lo tanto, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aseguran que faltaría indagar a quienes recibieron ese dinero.
“Respecto de este hecho -comprendido en el auto que estamos tratando-, las anotaciones de Centeno indican que el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz (conforme copias del cuaderno del año 2010). Restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados”, sostuvo el fallo. Daniel Muñoz era el secretario de Néstor Kirchner y falleció en 2016. Su enriquecimiento y lavado de dinero forman parte de otra investigación anexa al expediente cuadernos.
La Sala I de la Cámara Federal se pronunció así al analizar las apelaciones al procesamiento firmado en febrero pasado por el juez federal Julián Ercolini. Allí, se detalló el circuito de dinero que llegaba a manos de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner que lavó dinero en el exterior, pero además se señaló la dirección de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Muchos de los arrepentidos ahora quieren mejorar su situación y plantean que el dinero entregado era para “la política”. Ese es el caso de Hugo Dragonetti y Julio Balán, dos de los empresarios cuyo procesamiento se confirmó hoy. Es que la estrategia de algunos hombres de negocios es plantear que el dinero que entregaron a Baratta eran aportes para campaña política. Fue después de que dos empresarias lograran quedar afuera del juicio oral con esa explicación. Ahora son varios los que quieren que sus hechos pasen a ser investigados por la justicia electoral.
El fallo de la Cámara Federal subrayó que en esta causa se analiza “el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (P.E.N.) entre los años 2003 y 2015, el cual se nutría del dinero entregado por las diversas empresas contratistas del Estado en miras de asegurarse la asignación de contratos de obra pública, concesiones y otros beneficios que dependían -directa o indirectamente- de la voluntad administrativa”. Y sostuvo que “los elementos de prueba reunidos exceden el marco de los “cuadernos” y de su ratificación por Oscar B. Centeno (chofer de Roberto Baratta) al prestar declaración como arrepentido”.
“Las medidas probatorias ordenadas en el sumario han permitido constar los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y otros detalles de los acontecimientos de entrega. Asimismo, se cuenta con los aportes de varios imputados -particulares y ex funcionarios- en el marco de los acuerdos de colaboración celebrados bajo la Ley 27.304, que en lo sustancial resultan concordantes con el relato del ex chofer y agregan información sobre la operatoria investigada. A partir de estos elementos, corresponde entonces rechazar los agravios que aludieron a los ‘cuadernos’ como prueba única”, se afirmó.
