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El show debe continuar. Sin que hubiera acusación alguna ni se mencionara un delito, el juez Federico Villena ordenó un operativo en el Hotel Canning Design para secuestrar los celulares de los 14 venezolanos y cinco iraníes que venían en el Jumbo de Emtrasur. Los tripulantes entregaron todo lo que se le requería e incluso brindaron las contraseñas de los teléfonos. Para no dejar dudas sobre su alineamiento político, Villena recurrió a la Policía de la Ciudad para hacer las pericias. Es que el magistrado –múltiple denunciado en el Consejo de la Magistratura– decidió aliarse a la oposición, los medios vinculados a esa oposición y a los servicios de inteligencia extranjeros poniendo en marcha una causa sin describir ningún delito ni exhibiendo alguna orden de captura.
Por lo que se sabe hasta ahora, el avión de Emtrasur no fue contratado por una organización terrorista sino por una gigantesca autopartista, Faurecia, proveedora de Volkswagen. Faurecia es la novena fabricante de autopartes del mundo y tiene sede en Nanterre, Francia.
La ruta de las autopartes que venían en el vuelo
Se contrataron al menos dos vuelos urgentes porque la fábrica alemana en Argentina se quedaba sin asientos para completar los modelos que tiene en fabricación, de manera que los vuelos salieron de la ciudad mexicana de Querétaro. Como es obvio, el itinerario estaba aprobado y la tripulación llegó a Buenos Aires habiéndole pagado a la empresa británico-holandesa Shell el combustible para el regreso. Cuando el lunes 6 de junio se dispuso todo para cargar el avión, un abogado de Shell advirtió que la empresa podría tener problemas con Estados Unidos y se negó a proveer el combustible. El piloto intentó entonces conseguir el J1 –lo que usan los aviones– en YPF y Axion, que tampoco proveyeron el combustible.
