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El Senado convirtió en norma la iniciativa que lleva el nombre de la joven Micaela García asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay.
La “Ley Micaela” propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres “para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el Instituto publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.
