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Bajo la premisa de que su procesamiento reviste una “enorme gravedad institucional”, Cristina Kirchner apeló la decisión del juez Claudio Bonadio que la acusó de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos. En este sentido, Cristina dijo que podría acudir a la Corte Suprema de Justicia, y también ante los organismos internacionales de Derechos Humanos. La ex presidenta se refirió al fallo de Bonadio como“500 páginas inútiles“, negó los cargos señalando que nada de esas acusaciones se corroboró y dijo que los testimonios de los “arrepentidos” resultan “contradictorios”.
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El juez Bonadio determinó que entre 2003-2015, Cristina “habría admitido dádivas en consideración de su oficio en veintidós oportunidades” y “habría recibido dinero para hacer o dejar de hacer actos relativos a sus funciones en otras cinco ocasiones”. Todo eso en el marco de una asociación ilícita comandada por la senadora que habría operado entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para poner en funcionamiento un “sistema de recaudación ilegal”.
Los pagos en cuestión habrían sido efectuados por decenas de empresarios (todos contratistas del Estado) y recibidos por ex funcionarios del anterior gobierno. Asimismo, la resolución de Bonadio remarcó que en el departamento de la ex Presidenta ubicado en las calles Uruguay y Juncal, se realizaron 86 entregas de dinero por U$S 70 millones.
