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En un evidente gesto político de cara a las próximas elecciones, y en el marco de la cuestionada mesa de diálogo abierta a principios de este año, el Gobierno nacional anunció en las últimas dos semanas la entrega de casi 26 mil hectáreas de tierras a comunidades mapuches de Mendoza. La decisión, como era de esperarse, no cayó nada bien en la oposición y en el arco político provincial, desde donde no sólo dispararon un sinfín de críticas contra la medida dispuesta por la administración de Alberto Fernández, sino que además advirtieron acerca de la existencia de pozos de petróleo pertenecientes al yacimiento Vaca Muerta.
Mientras que hace una semana el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya había concedido la posesión de más de 21.500 hectáreas a las comunidades El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, ayer se comunicó mediante la Resolución 47/2023, publicada en el Boletín Oficial, la entrega de más de 4.400 hectáreas a la comunidad Lof Limay Kurref.
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Ambas disposiciones desencadenaron una ola de críticas desde el sector opositor y de los principales dirigentes del gobierno mendocino. En ese marco, un informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial provincial advirtió que dentro de esa área se ubican varios pozos de crudo no convencional que forman parte del lado mendocino del yacimiento Vaca Muerta. Es en la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza”, según detalló el secretario de Ambiente provincial, Humberto Mingorance.
El mismo gobernador Rodolfo Suáez, a través de una serie de tuits publicados este viernes, alertó que allí se está desarrollando “una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”. En ese sentido, el mandatario provincial denunció la “intencionalidad política” del gobierno del Frente de Todos de “perjudicar a Mendoza” y adelantó que harán presentaciones judiciales ante el propio INAI y la Justicia.
El gobernador Rodolfo Suárez adelantó que irá a la Justicia para frenar la cesión de tierras
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“Sobre cada instalación que hay en un campo, el superficiario cobra una renta que se llama “servidumbre” por el uso de la tierra. Entonces acá hay un interés económico muy grande porque no sólo cobra por cada uno de los pozos, sino que cobra por cada kilómetro de camino que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira”, detalló una funcionaria del gobierno mendocino a Infobae.
Hay dos zonas comprometidas con la actividad petrolera. Una en El Sosneado, donde hay 23 pozos explotados por Emesa, una empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios, y la otra es en la zona de Puesto Rojas, al sur de Malargüe. “Sobre las áreas reconocidas tenemos dos comprometidas con actividad petrolera. Una es la de Loma de la Mina, que cuenta con 23 pozos y corresponde a toda la zona de El Sosneado. Es un área revertida hace poco y se le dio la operación a EMESA. Por otro lado está el área de Puesto Rojas, que tiene 27 pozos. Es un área en crecimiento de actividad petrolera. Es la zona donde se hizo estimulación hidráulica. Es zona de conformación Vaca Muerta”, aseguró La dirigente mendocina en diálogo con este medio.
