En una sesión tensa, la Cámara de Diputados debatía esta noche el proyecto de expulsión del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien en una aparición fugaz en el recinto rechazó los cargos y cuestionó a la oposición de montar una ofensiva en su contra con una lógica electoralista y “revanchista”.
Si bien restaba camino por desandar, las cuentas preliminares no le sonreían al oficialismo, que pese al apoyo del Frente Renovador, del interbloque Progresistas y de buena parte del bloque Justicialista, no alcanzaba el número necesario para destituir a De Vido por “indignidad moral”.
Tras los encendidos discursos de De Vido y la diputada oficialista Elisa Carrió, quien lo acusó de “traición a la patria”, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, dio el primer paso en la sesión especial al defender el dictamen de mayoría, y sostuvo que más allá de la “responsabilidad penal” que se tramita en la Justicia “no hay duda de la responsabilidad política” del actual diputado del Frente para la Victoria-PJ.
“Pueden haber dudas sobre la responsabilidad penal y eso lo determinarán los jueces pero no hay duda de la responsabilidad política”, sostuvo el diputado del PRO, que agregó que el “principio de inocencia” que podría proteger a De Vido de una sanción disciplinaria de este calibre “no es absoluto”.
“No cabe la menor duda de que en el accidente de Once murieron 51 personas, y que hubo alrededor de 700 heridos.
No caben dudas que los trenes importados de España y Portugal son chatarra que no sirven para nada. No cabe duda de que en Río Turbio se tiró la plata a la basura. No tenemos dudas de que se pagaron enormes sobreprecios cuando se importó fuel oil a Venezuela”, se explayó sobre las causas judiciales que pesan en su contra.
En particular, señaló que el procedimiento de expulsión de De Vido está fundado ya que el exfuncionario kirchnerista “es indigno” por ser “responsable de grandes desaguisados” en la cartera ministerial que dirigió entre 2003 y 2015, y que “han causado enorme perjuicio al Estado y a los argentinos”.
En la vereda de enfrente, Diana Conti (FpV-PJ), una de las espadas del kirchnerismo parlamentario, consideró el proyecto de expulsión como “inconstitucional y violatorio de pautas internacionales”.
Para apuntalar su postura, evocó la determinación que tomó en marzo del 2003 cuando siendo senadora nacional desobedeció a Cristina Kirchner, quien bregaba por la expulsión del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo de la Cámara alta por los incidentes que había ocasionado en Catamarca, incluyendo la quema de urnas.
“Aún con el escarnio público que podía causarme impedir esa exclusión, aún con la reprobación que podía haber tenido de Cristina decidí aplicar la Constitución y pedir la suspensión. En la actualidad, sin ninguna demagogia, vengo a pedirle a este cuerpo que la Constitución Nacional sea el leitmotiv que se tome”, resaltó Conti.
Remo Carlotto (Movimiento Evita) se mostró alineado al kirchnerismo y, si bien no defendió concretamente a De Vido, reivindicó el “principio de presunción de inocencia” que le asiste a cualquier ciudadano sin condena firme y denunció una “utilización política” del tema en la antesala electoral.